Gestoria en Mataró | Anulación multas hacienda

El Supremo blinda a los jueces para que puedan anular multas de Hacienda desproporcionadas

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido salvaguardias para que los jueces puedan ajustar y revocar las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria (AEAT) en casos de desproporción. En el caso específico, el Supremo ha confirmado la anulación de una sanción tributaria por desproporción, relacionada con la falta de declaración de una transacción exenta de IVA, sin perjuicio para la Hacienda pública y sin indicio de fraude fiscal.

La doctrina del Supremo establece que un tribunal, en el contexto de un proceso, tiene la capacidad de revocar una sanción impuesta por una infracción. «Es posible anular dicha sanción y la subsiguiente inaplicación de la normativa nacional que la fundamenta, cuando el juez o tribunal competente identifique una violación del principio de proporcionalidad establecido por el Derecho de la Unión Europea en la ley que impone la sanción», señalan los jueces. La sentencia destaca que, en este caso particular, la infracción conlleva una sanción fija del 10% de la cuota no declarada, sin la posibilidad de considerar la falta de perjuicio económico como factor atenuante de la sanción. «Se trata de una omisión en la que no se causa perjuicio a la Hacienda pública y no tiene relación con el fraude fiscal», señala la sentencia.

El Supremo reconoce que, como norma general, el juez o tribunal competente debe plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si considera necesario obtener una decisión sobre la interpretación del Derecho de la Unión para emitir su fallo. No obstante, aclaran que «la propia jurisprudencia del TJUE establece una excepción a esta obligación en casos en los que el reenvío resulta innecesario, como sucede en este caso».

Según el Supremo, tampoco es necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad en casos de naturaleza similar. «Esto es válido tanto cuando el tribunal sentenciador no tenga dudas sobre si la norma de rango legal aplicable al caso y que determina la validez del fallo podría ser contraria a la Constitución, como cuando, incluso si hubiera dudas, el tribunal considere que la norma de rango legal aplicable al caso podría también ser contraria al Derecho de la Unión Europea», subrayan los magistrados. En cualquier caso, la acción adecuada es «plantear primero una cuestión prejudicial o no aplicar la normativa teniendo en cuenta la doctrina establecida por el TJUE», concluye la sentencia.

(Expansión)